Gremio de isapres entra al debate por mutualización en el TC y presenta informe de Patricio Zapata

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es el escenario donde hoy se está definiendo el futuro de las isapres, mediante la discusión de la ley corta, que tiene como fin implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -que significará devoluciones masivas de las aseguradoras a sus usuarios- a la vez que busca mantener su equilibrio financiero.

No obstante, el proyecto salió del Senado dejando una de sus aristas centrales abierta y discutiéndose en el Tribunal Constitucional (TC).

Uno de los principales puntos de fricción de la normativa es el monto de la deuda del sistema privado. Mientras los últimos cálculos publicados por la Superintendencia de Salud están en torno a los US$ 1.180 millones, otros sectores abogan por una fórmula que mutualice la deuda, esto es un principio por el cual los afiliados a una cartera comparten los riesgos de siniestro. Con mutualización, se estimaba que la deuda cayera a menos de la mitad, a unos US$ 451 millones. De esta manera, en la Sala del Senado, se aprobó una indicación presentada por parlamentarios de oposición que mutualiza la deuda. Luego de eso, un grupo de 17 senadores oficialistas llevó la norma al Tribunal Constitucional (TC), alegando que, tratándose de una regulación ligada a la seguridad social, es una materia de iniciativa exclusiva presidencial y, además, de quórum calificado, requiriendo ser aprobada por tres quintos de los parlamentarios y no por mayoría simple. Este lunes, el Gobierno apoyó el requerimiento en el TC.

“Lanzaría una peligrosa sombra de inconstitucio-nalidad sobre todas las reformas importantes de los últimos 30 años a la legislación de isapres”.

Patricio Zapata, experto en derecho público y consejero sénior de Carey. Foto: Archivo

La arremetida de las compañías

Si bien el TC no permitió que las aseguradoras se hiciesen parte en la tramitación del requerimiento, estas han participado del proceso en calidad de amicus curiae.

En este marco, las primeras en aportar antecedentes fueron las empresas del grupo Banmédica -la isapre del mismo nombre y Vida Tres-, que hoy están fuera del gremio.

Y este miércoles fue el turno de la Asociación de Isapres -conformada por Colmena, Nueva Masvida, Consalud y Cruz Blanca- que entró al debate en el TC, entregando un informe en derecho realizado por el abogado experto en derecho público y constitucional Patricio Zapata, hoy consejero sénior en Carey.

En un documento de 20 páginas, el especialista aseguró que el requerimiento yerra tanto en cuanto a la iniciativa exclusiva presidencial como respecto al quórum calificado. “Obviamente, se pueden tener distintas opiniones políticas sobre cuál sería la solución más conveniente al asunto puntual de la devolución de los excedentes de las isapre. Tales preferencias, sin embargo, no deben jugar un papel al momento del control de constitucionalidad”, sostuvo, y agregó que, con las conclusiones de su análisis, “no podría firmar un informe que dijera algo distinto”.

Entre otros argumentos, Zapata planteó que la posición de los diputados oficialistas implica un riesgo al limitar excesivamente las potestades de los parlamentarios para proponer iniciativas.

“Un recorte a las facultades de quienes presentan iniciativas que nos parecen terribles, pero que, del mismo modo, también vetará a priori la iniciativa en proyectos que pensamos positivos. Un recorte, en fin, que si bien afectaría en este momento solo a quienes son ahora opositores, también impactará sobre quienes hoy son gobierno y mañana dejarán de serlo”, lanzó el abogado, que previamente, también a pedido de las aseguradoras, ya había expresado sus opiniones legales sobre el fallo de la Corte Suprema y la mutualización.

Por otra parte, Zapata también afirmó haber examinado 25 reformas realizadas a la Ley de Isapres desde 1990 y dijo que “la tesis que propone el requerimiento no encuentra apoyo en ninguna”.

Y aventuró que, si el TC acogiera el requerimiento y afirmara que esta norma es del terreno de la seguridad social, requiriendo iniciativa exclusiva presidencial y de quórum calificado, “lanzaría una peligrosa sombra de inconstitucionalidad sobrevenida sobre todas y cada una de las reformas importantes que se han hecho en los últimos 30 años a la legislación vigente de Isapres. Estaríamos, por tanto, ante una inconveniente área gris … unas 25 sombras de gris”.